Angélica Tovar - Concejal de Bogotá

Bogotá. Mayo 24 de 2010. Tremendo alboroto se ha desatado por el pronunciamiento del secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, en el sentido de criticar los costos adicionales que tendría que pagar la ciudad para culminar las troncales de TransMilenio y que  ascenderían a $500 mil millones, cifra revelada por  su compañero de gabinete, el director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez.

 Lo más preocupante de las declaraciones de Ortega radica en que Bogotá no cuenta con las finanzas suficientes para tener Metro y TransMilenio, lo cual ha generado, como lo manifesté en días pasados en un debate en el Concejo de Bogotá, que esta clase de información genere incertidumbre en el futuro del metro, del TransMilenio y por ende del Sistema Integrado de Transporte.

La Nación en cabeza del Presidente Uribe, ha hablado de un aporte de 250 mil millones de pesos de vigencias futuras a partir del 2017 para la implementación de sistemas masivos de transporte, de los cuales, se dijo, no se vislumbran estudios técnicos claros que sustenten la distribución de estos recursos entre grandes megaproyectos como el Metro, TransMilenio y el Tren de cercanías.

Lo anterior, sin contar qué va a pasar con el metro cable para Soacha, que es otro de los sistemas masivos de transporte al cual también deberá asignársele una porción del mencionado paquete presupuestal por parte de la Nación. Ahora bien. Surgen más interrogantes al respecto: en primer lugar, ¿alcanzarán estos recursos para financiar los tres sistemas y aún el cuarto en mención? ¿Equivaldrían estos $250 mil millones por vigencias futuras al 70% que como máximo aportaría la Nación?

Es claro que el artículo segundo de la Ley 310 de 1996 establece un mínimo del 40% y un máximo del 70% de financiación por parte de la Nación para sistemas de transporte masivo de pasajeros. Aterrizándolo a Bogotá, y más aun con los pronunciamientos dados por el Secretario de Hacienda cabría preguntarse si, y ahora lo reafirmo ¿el Distrito cuenta con la capacidad financiera para construir el Metro y las siguientes fases de TransMilenio propuestas como la avenida 1ª de mayo; avenida Boyacá y avenida 68?  En otras palabras: ¿El Distrito cuenta con la capacidad para asumir ese 30% de la financiación del Metro? O peor aún: ¿Qué pasaría en caso de que la Nación aporte menos del 70%? (Recordemos que el aporte que hizo la Nación al metro de Medellín fue tan sólo del 40%).  

En conclusión, si ahora tenemos incertidumbre por ese 30% de recursos de la ciudad, como será si la Nación no aporta ese 70%, que inclusive es insuficiente, teniendo en cuenta la repartición entre los mencionados megaproyectos. Ahora bien. Hay que tener en cuenta que los recursos cofinanciados por la Nación, se tendrán que repartir entre el Departamento de Cundinamarca y Bogotá; por otra parte el alcalde ha manifestado a los medios de comunicación que para el otro año quedaría contratada la primera línea del Metro. Entonces, yo pregunto, ¿quién cubrirá los costos financieros que se generarían del 2012 al 2017, cuando la Nación comience a hacer su aporte? El gerente del Metro, Carlos Zea, ha manifestado que “los recursos son escasos”, un hecho confirmado por Ortega.

Entonces, si hay pocos recursos para cubrir los costos, ¿quién va a asumir los sobrecostos, como viene ocurriendo con TransMilenio que, según lo informado por el IDU, ascienden a más de 500 mil millones, que corresponden al 45% adicional a lo contratado inicialmente? ¿Quién va a pagar por esos imprevistos?, que de seguro se presentarán en la ejecución de la obra -primera línea del Metro- y posterior operación y mantenimiento, en su primera? Además del incierto futuro,  la verdad sea dicha: esos sobrecostos los pagaremos todos los ciudadanos lamentablemente. Ahora, cabría preguntarse: ¿cuál es el papel que en estos temas están jugando los entes de control, como la Contraloría Distrital, en cuanto a Bogotá, y sobre todo la Contraloría General de la República, toda vez que estamos de cara a una inversión estimable por parte de la Nación.